El Organismo

La experiencia española en la gestión del agua mediante una autoridad única en el ámbito de cada cuenca fluvial natural -o agrupación de pequeñas cuencas- se remonta a 1926, año en que se crearon por Real Decreto-Ley las Confederaciones Hidrográficas como Organismos autónomos. Se estableció la participación de los usuarios en los órganos de gestión y se encomendó a las Confederaciones, entre otros objetivos, la formación de un plan de aprovechamiento general coordinado y metódico de las aguas de la cuenca.

Los Organismos de cuenca nacieron en España en el marco de la Ley de Aguas de 1879, que establecía el dominio público sobre las aguas superficiales, y de una política hidráulica caracterizada por la voluntad promotora e inversora de los poderes públicos en los aprovechamientos y las obras hidráulicas, fundamentalmente el regadío como medio para mejorar y garantizar la producción agraria.

Como consecuencia, las Confederaciones Hidrográficas, que han funcionado ininterrumpidamente desde su nacimiento, no se han limitado al control administrativo y a la autorización de los usos privativos del agua, sino que han desempeñado un importante papel de promoción de aprovechamientos y realización de obras en sus cuencas respectivas, acumulando además información básica hidrológica y general en su ámbito de competencia.

La Ley de Aguas define a las Confederaciones Hidrográficas como entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, adscritas a efectos administrativos al actual Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y con plena autonomía funcional. La Ley establece su configuración y funciones, sus órganos de Gobierno y Administración y su hacienda y patrimonio.

Las Confederaciones Hidrográficas cuentan con su propio patrimonio, cuyos productos y rentas forman parte de sus ingresos ordinarios, que se complementan con los procedentes de la recaudación de tasas, aexacciones y precios por la utilización de infraestructuras públicas, canon de vertido, etc.  Los presupuestos del Estado aportan fundamentalmente el capital para inversiones nuevas, que es administrado por las Confederaciones, con la supervisión de la Administración hidráulica central.